Seis allanamientos en medio del escándalo por el documental en el juicio por la muerte de Maradona
La Justicia de San Isidro ordenó allanar seis domicilios que tendrían que ver con la producción de 'La Jueza de Dios', mientras que Julieta Makintach podría ser apartada.
Pasaron casi cuatro años y medio del día en que falleció Diego Armando Maradona pero todavía no puede descansar en paz. A pocas semanas del arranque del juicio para determinar culpabilidades en su muerte, un nuevo escándalo volvió a salpicar, aunque esta vez poco tiene que ver con los acusados: La jueza Julieta Makintach, una de las integrantes del tribunal de San Isidro, fue señalada por supuestamente haber autorizado el ingreso de una productora para filmar en la sala el documental 'La Jueza de Dios' y este viernes se llevaron a cabo seis allanamientos.
Se investiga a dos hombres y dos mujeres que trabajarían en dos productoras: La Doble S.A y Feel Co, cuyas sedes, una en Ciudad de Buenos Aires y otra en Villa Martelli, fueron dos de las allanadas debido a que sus responsables fueron captados en el juicio, grabando imágenes, lo que llamó la atención por ser los únicos ligados a medios de comunicación presentes, y con la autorización de la jueza, que podría ser apartada del juicio, por el momento suspendido, al ser la única del tribunal en tener conocimiento de la producción.
Otra de las productoras acusadas es PEGSA, relacionada al hermano de Makintach, que emitió un comunicado desmintiendo rotundamente su participación. "La noticia de que hubo un equipo dentro del tribunal registrando imágenes del juicio es completamente falsa", indicaron. "Espero que se pueda comprobar que es todo mentira y que el juicio siga adelante su curso con la mayor transparencia posible", manifestó Gianinna Maradona, una de las hijas del Diez, ante la posibilidad de que se entorpezca el juicio.
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Según informó el periodista Martín Candalaft para Infobae, la presentación judicial fue realizada por Fernando Burlando y Mario Baudry, abogados de las hijas y el hijo menor de Diego, quienes se alarmaron al detectar la presencia constante de dos personas con cámaras profesionales registrando imágenes desde sectores restringidos. La jornada en que estalló el escándalo estuvo marcada también por un cambio inesperado en la dinámica del tribunal. El juez Maximiliano Savarino, quien venía conduciendo el proceso desde su inicio, fue sorpresivamente desplazado a un rol secundario, y Makintach asumió la coordinación del debate.
La explicación oficial fue que se trataba de una cuestión istrativa, pero la maniobra generó fuertes cuestionamientos de parte de los defensores de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. Julio Rivas, uno de los letrados, denunció que los camarógrafos estuvieron presentes en los momentos clave del juicio, mientras que los medios de comunicación y el público tienen prohibido registrar imágenes en el recinto. Si se confirma que se trató de una autorización selectiva, podría configurarse un caso de privilegio indebido.
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Para respaldar la denuncia, se tomó testimonio a una agente policial encargada del control de , quien aseguró que los camarógrafos afirmaron haber sido autorizados por la propia Makintach. La versión fue confirmada por otro efectivo que suele trabajar cerca del estrado. En una de las audiencias públicas, incluso se los pudo ver filmando con cámaras réflex, mientras una policía se acerca a advertirles, sin mayores consecuencias.
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